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La violencia doméstica, violencia familiar o violencia intrafamiliar es el término utilizado para referirse a al maltrato físico, psicológico, sexual o patrimonial, donde la persona que realiza el acto violento tiene una relación de consanguinidad o afinidad con la persona agredida. Comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, la manipulación, intimidación o coacción psicológica, la violencia emocional, el hostigamiento, el acoso y la agresión contra el patrimonio de la víctima, que se producen en el seno y la convivencia del hogar. Su calificación comprende una amplia variedad de conceptos, como la violencia de la mujer hacia el hombre, violencia contra las mujeres, violencia intragénero, maltrato infantil, violencia filio-parental y abuso de ancianos.

El Derecho Migratorio o derecho de migración es el conjunto de normas de Derecho Público que regulan el tránsito internacional de personas (nacionales y extranjeras) y establece la forma y las condiciones del ingreso, permanencia o estancia y salida de extranjeros en cada país y lo relativo a la salida, emigración, retorno o repatriación de nacionales. El derecho de refugio, los derechos humanos y el derecho humanitario, son parte importante del Derecho de Migración. La migración era regulada anteriormente por medio de la legislación nacional, sin embargo con el avance de la tecnología y la evolución de los medios de transporte, la movilización de personas a nivel internacional se ha visto incrementada, por lo que los Estados han comenzado a cooperar conjuntamente para dictar y firmar Tratados y normas internacionales sobre migración, como la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus Familiares y el Pacto Global para una Migración Segura, Ordenada y Regular (primer acuerdo intergubernamental sobre migración, firmado bajo el amparo de la Organización de las Naciones Unidas en Marruecos, en diciembre de 2018).

La Pensión Alimentaria es un monto económico periódico mensual, al que tiene derecho de exigir una persona (beneficiaria) a otra persona que tiene la obligación de otorgarla (obligado), debido a que sus ingresos no satisfacen parcial o totalmente la cobertura de sus necesidades y se encuentran ligados jurídicamente por lazos de parentesco (padre, madre, hijos, abuelos, nietos, cónyuge) o por haber mantenido una relación de pareja reconocida judicialmente.

El Derecho Laboral, Derecho del Trabajo o derecho Social es una rama del Derecho en la que sus Principios y normas jurídicas tienen como objetivo tutelar el trabajo humano y sus situaciones en una relación laboral, en la que una persona presta su fuerza de trabajo, conocimiento o inteligencia, de forma libre, por cuenta ajena, en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación o cuando dicha relación termina.

Es una rama de derecho público que regula la potestad punitiva del Estado (ius puniendi, castigo, que se reserva el Estado para aquellos que violentan las normas jurídicas coercitivas creadas para advertir la no realización de determinada conducta antijurídica), identificando los actos humanos que por necesidad y seguridad de la sociedad deben ser tipificados como delitos (actos ilícitos, antijurídicos y culpables) y positivizándolos, castigando la realización de tales conductas previamente tipificadas (delitos), con penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas y para la aplicación de tales normas coercitivas (Derecho Penal sustantivo) el Estado crea una normativa jurídica que garantiza el Debido proceso de la persona a la que se le imputa la realización de los actos previamente establecidos como supuestos de hecho delictivos, conocido como “Derecho penal adjetivo o procesal penal y también para el reconocimiento y reparación de los daños causados a las víctimas de dichos actos.

El Derecho Comercial, también conocido como derecho mercantil, es una rama del derecho que se centra en regular las relaciones jurídicas derivadas de las actividades comerciales y empresariales. Esta área del derecho abarca una amplia gama de aspectos legales relacionados con el comercio, los negocios, las transacciones financieras y las actividades económicas.

El derecho comercial incluye normativas y regulaciones que rigen los contratos comerciales, las formas de organización empresarial (como sociedades, asociaciones y cooperativas), las transacciones financieras (como préstamos, títulos valores y garantías), el comercio internacional, la propiedad intelectual, la competencia económica, la protección al consumidor, entre otros temas relevantes para la actividad empresarial.

En resumen, el derecho comercial proporciona el marco legal para regular las actividades comerciales y empresariales, protegiendo los derechos e intereses de las partes involucradas y fomentando un ambiente empresarial seguro y transparente.

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La normativa jurídica de tránsito regula la circulación, por las vías públicas terrestres, de los vehículos y de las personas que intervengan en el sistema de tránsito. Regula la circulación de los vehículos en las gasolineras, en estacionamientos públicos, privados de uso público o comerciales regulados por cada Estado, las playas y en las vías privadas. Se excluyen los parqueos privados de las casas de habitación y de los edificios, públicos o privados, que sean destinados únicamente a los usuarios internos de dichas edificaciones, donde priva la regulación interna de tales establecimientos. La normativa jurídica de tránsito también regula todo lo relativo a la seguridad vial, a su financiamiento, al pago de impuestos, multas, derechos de tránsito y lo referente al régimen de la propiedad de los vehículos automotores, a excepción del régimen de tránsito ferroviario y el tránsito de semovientes (ganado) en la vía pública. En estos últimos dos casos, el interesado deberá hacer valer sus derechos en el proceso civil correspondiente.

Derecho Sucesorio es el conjunto de normas jurídicas que regulan la transmisión de los derechos y bienes de una persona que ha fallecido a través de una "herencia o legado" a otras personas conocidas como herederos o legatarios, regulando también la forma en la que se cancelarán las deudas a los acreedores del causante, si existieran.

El Derecho Constitucional es la principal rama del Derecho Público y su objetivo es el estudio, creación, modificación, aplicación, organización, respeto y cumplimiento de las leyes fundamentales de un Estado y las beses de su Constitución. Sus normas se encuentran en lo más alto de la pirámide y contienen los Principios Generales que rigen todo el ordenamiento jurídico del Estado. Sus normas son de acatamiento general para todas las personas, tanto de derecho privado como público, físicas como jurídicas, administrados como administración pública. Las normas y Principios de componen el Derecho Constitucional constituyen una garantía para todas las personas, del respeto y observación de dichos principios y derechos, en todo el Ordenamiento Jurídico del Estado, por parte de los demás y del mismo estado.

El Derecho de Familia es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de la familia para con ellos y frente a terceros. El derecho de familia, por la naturaleza de las relaciones jurídicas entre los sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado, y la intervención de los órganos del Estado sólo es auxiliar en la aplicación de las normas para el goce, el ejercicio, el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares.

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La regulación de las naturalizaciones de personas extranjeras ante el Registro Civil o el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica se encuadra dentro del ámbito del derecho de la nacionalidad y la ciudadanía. Esta rama del derecho se centra en los aspectos legales que rigen la adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad, así como los derechos y deberes asociados con la ciudadanía. En el caso específico de las naturalizaciones, esta rama del derecho aborda los procesos legales y las normativas aplicables a los extranjeros que buscan obtener la ciudadanía costarricense a través de la naturalización, incluyendo los requisitos, procedimientos y efectos legales relacionados con este proceso. En Costa Rica, el derecho que regula las naturalizaciones de personas extranjeras ante el Registro Civil o el Tribunal Supremo de Elecciones está contenido en la Ley de Naturalizaciones, específicamente en la Ley No. 8761. Esta ley establece los requisitos, procedimientos y regulaciones asociadas con el proceso de naturalización, incluyendo la adquisición de la ciudadanía costarricense por parte de extranjeros. Entre otros aspectos, la ley aborda las condiciones y los criterios que deben cumplirse para que un extranjero obtenga la naturalización en Costa Rica.

El Derecho Agrario es el conjunto normas jurídicas de fondo y de forma, complejas y ordenadas sistemáticamente, que regulan la actividad del hombre en la labranza o cultivo de la tierra, la crianza de animales, la propiedad dedicada a ello, la organización territorial rústica y las explotaciones agrícolas. Es un complejo y ordenado sistema, de institutos (típicos) que regulan la materia "agrícola" en su forma más amplia.

El Derecho Contencioso Administrativo es el conjunto de normas jurídicas de fondo y procesales que determinan por vía jurisdiccional la solución de los litigios en donde una de las partes litigantes es El Estado.

El Derecho Civil es la rama del derecho que regula las relaciones entre las personas de Derecho Privado de una Nación, así como los derechos civiles del individuo, desde su nacimiento y reconocimiento por la ley como persona, durante toda su vida, hasta la distribución de sus bienes y cancelación de sus deudas al fallecer. Se habla de una rama muy general o amplia, pues del Derecho Civil se desprenden muchas otras ramas, como el Derecho Laboral, Agrario, Derecho Sucesorio, de Familia, Comercial, entre muchas más.

El Cobro Judicial es el proceso judicial mediante el cual un acreedor exige el pago de una deuda líquida a un deudor, con base en un título ejecutivo (cualquier documento que haga constar al menos la deuda y su cuantía, las partes, la fecha del crédito, la fecha de vencimiento y contenga la firma del deudor), consiguiendo mediante dicho proceso que el juez de cobro emita una resolución intimatoria donde le ordena al deudor cancelar los rubros que el acreedor exige, si se encuentran acorde con la ley y el documento (título ejecutivo) que sirve de base al proceso.